Desde hace ya algunos años, tanto la doctrina como algunas instituciones, empezando por el propio Tribunal Constitucional, han puesto de manifiesto la necesidad de modificar la actual regulación del recurso de amparo para hacerlo más operativo. En efecto, este mecanismo de protección de derechos fundamentales, que tan útil ha sido para asentar los principios y valores democráticos, en la actualidad plantea problemas técnico-jurídicos que aconsejan su remodelación legal: exceso de rcursos, retrasos en su resolución, conflictos puntuales entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, etc...
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