El derecho fundamental a ser informado de la acusación, reconocido en el art. 24 de la Constitución Española, es un derecho fundamental procesal, que otorga a su titular el derecho a reconocer aquello de que se le considera responsable, por la existencia de un proceso en su contra. Este derecho, auténtica garantía esencial del proceso en todo régimen democrático, presenta un triple contenido esencial, que el legislador debe respetar, garantizar e incluso potenciar en el desarrollo del proceso: a) Subjetivo, referido a los sujetos que deben llevar a cabo la información (las autoridades públicas de persecución penal) y el que la recibe (imputado o acusado, según la fase procesal en que nos encontremos). b) Objetivo, es decir, aquello que debe dársela a conocer: El hecho criminal imputado y los derechos que le asisten, en su condición de sujeto pasivo del proceso. c) Temporal, fijando el momento a partir del cual el sujeto tiene derecho a que se le de información al respecto, en la existencia de la imputación, material o formal.
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