La entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, vino a terminar con una de las regulaciones penales más deficiente técnicamente y más confusa, desde el punto de vista interpretativo, con las que contaba el Ordenamiento jurídico-penal español, cual era la regulación penal de los delitos contra la propiedad industrial. Esas deficiencias y esa confusión tuvo como consecuencia una igualmente irregular aplicación, que dio origen a una jurisprudencia escasa y contradictoria. Lo más llamativo de todo ello es que, mientras el universo de la regulación penal hacía aguas por todas aprtes, la importancia social y económica de los derechos integrantes de la propiedad industrial iba en aumento y, salvo en el penal, el legislador español, atento a esa evolucion, afrontab importantísimas reformas en el ámbito civil y mercantil, armonizando nuestra legislación con la de los países integrantes de la Unión Europea. El Código penal de 1995 afrontó, por fin, la tan ansiada reforma, modernizando nuestra regulación penal y adaptándola a la ya entonces, vigente nueva regulación civil y mercantil.
